El pasado mes de noviembre, la Unión Europea dio luz verde al Reglamento sobre Productos de Construcción, una normativa que busca modernizar las reglas del sector y adaptarlas a los desafíos actuales, como la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular. Aunque plantea avances necesarios, también abre el debate sobre cómo afectará al sector en la práctica.
¿Qué cambios introduce?
Entre las principales novedades destacan:
- Pasaportes digitales de productos: Una herramienta para que consumidores y empresas puedan acceder a más información sobre los materiales, favoreciendo decisiones más responsables y sostenibles.
- Normas técnicas actualizadas: La Comisión podrá intervenir para desbloquear procesos cuando los sistemas tradicionales de normalización no funcionen.
- Simplificación administrativa: Se pretende reducir la carga burocrática para facilitar la actividad empresarial.
El reglamento también refuerza las obligaciones para fabricantes e importadores, así como la vigilancia del mercado, con el objetivo de garantizar la calidad y la seguridad de los productos que se comercializan en Europa.
Un sector clave con grandes desafíos
La industria de la construcción representa el 5,5 % del PIB de la UE y da empleo a 25 millones de personas, siendo un motor económico esencial. Sin embargo, también tiene un impacto ambiental considerable:
- Los edificios generan el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía.
- Consumen el 40 % de la energía de Europa.
- Son responsables del 50 % del consumo de recursos y del 30 % de los residuos que se generan anualmente en la UE.
Con este reglamento, la UE busca reducir esta huella ambiental, alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para la Economía Circular.
Plazos de aplicación
Tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el reglamento entrará en vigor veinte días después. Algunas disposiciones, como las relacionadas con la normalización, se aplicarán un mes después, mientras que otras, como las sanciones, tardarán hasta dos años en activarse.
¿Un avance o un reto para el sector?
Aunque el reglamento promete beneficios ambientales y tecnológicos, su implementación podría suponer un desafío para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas que conforman gran parte del sector. Será crucial que estas medidas no se conviertan en una carga económica o administrativa difícil de asumir.
